No estar de acuerdo con un gobierno con el que no compartes ideas es, hasta cierto punto, lógico. Incluso es, dentro de unos parámetros que permita llegar a ciertos consensos básicos, lo más saludable en términos democráticos. Es mucho peor una sociedad homogénea que una con alternativas, entre otras cosas, porque las sociedades uniformes no existen y, por tanto, las instituciones monocolor nunca pueden representarlas correctamente.

Pero precisamente decidir cuáles son esos consensos básicos marca la posibilidad de convivir, que exige algo más que simplemente coexistir. Convivir implica respetarse, no solo tolerarse. Y, al menos yo lo creo así, el primer deber de un político es hacer posible y mejorar esa convivencia. Especialmente de quienes tienen responsabilidades municipales, porque al final gestionar un pueblo o una ciudad es intentar la vecindad.

Sin embargo, desde hace algo menos de un año en el gobierno de la ciudad de València no solo hay personas con las que no comparto visión de ciudad, algo que me parece completamente legítimo. Hay personas que no comparten el mínimo respeto por una parte de los vecinos y vecinas a las que, quieran o no, tienen el deber de representar.

Es fácil saber de quién hablamos porque tristemente los comentarios racistas de Cecilia Herrero, concejala de Vox y, por delegación de María José Catalá, integrante del gobierno municipal, se han hecho famosos. Esta concejala decidió un día que podía mandar a "su país" a un exdiputado de la asamblea de Madrid -que, por cierto, tiene la nacionalidad española y lo es tanto como ella- solo por el hecho de ser negro.

Asociando el color de la piel con la nacionalidad, como si no hubiera negros y negras que son tan valencianas y valencianos como ella y viven en la ciudad que ella gobierna. O peor aún, diciendo a las claras que no deberían vivir aquí, ni tener la condición de españoles o españolas porque eso les está vetado racialmente.

No es un comentario desafortunado, ni es un hecho aislado. Aunque ni siquiera haya pedido perdón y rectificado. Sino que viene precedido de otros comentarios en los que por ejemplo asociaba ser negro a robar o la comisión de delitos al hecho de provenir de otros países o continentes, utilizando palabras como "salvajes" y opinando que no deberían estar en occidente.

Muestra lo que piensa

Es tan grave que cuesta por dónde empezar a analizar esto. Pero creo que es evidente que lo que ha hecho la concejala Cecilia Herrero es sencillamente mostrar lo que piensa. Y la pregunta entonces no le corresponde a ella, que no va a plantearse dimitir por defender aquello en lo que cree, sino al resto.

¿Cabe una persona abiertamente racista en un gobierno democrático? ¿Puede representar correctamente a una sociedad, entre la que se encuentran afortunadamente muchas de las personas que ella no respeta?

Creo que hay una enorme práctica unanimidad en la respuesta y me inclino a pensar que no solamente las personas que han votado al Partido Socialista, Compromís u otras fuerzas progresistas tienen claro que estas declaraciones deberían conllevar el cese inmediato de esta concejala.

Sinceramente, pienso que una enorme mayoría de las personas que votaron al Partido Popular en las anteriores elecciones municipales también lo creen y no entienden como la persona en quien confiaron, María José Catalá, sigue manteniendo en su gobierno a Cecilia Herrero.

Y no valen las excusas. Sobre todo, no valen para quien es alcaldesa, que es la principal responsable de promover esa convivencia y respeto en la ciudad. No se puede ser alcaldesa, al menos no una buena alcaldesa, si permites que en tu gobierno se ataque a colectivos de tus vecinos y vecinas.

Señora Catalá, expulse a Cecilia Herrero, antes de que no hacerlo la inhabilite también a usted. Aún puede decidir si usted es alcaldesa o la sombra de una concejala racista.